La Ley General de Contabilidad Gubernamental, LGCG, establece criterios y estándares de armonización para que las clasificaciones administrativa, funcional y programática del gasto público permitan: fortalecer la calidad de la información presupuestaria; facilitar la interoperabilidad de la información con la federación y los municipios; y robustecer la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.